Oficina Nacional de Diálogo ¿y Sostenibilidad? . Más de lo mismo.
6 de diciembre del 2016
Informe Especial
Rol del Estado en los conflictos sociales. A propósito de la crisis de Las Bambas, como unidad de análisis.
LA OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO ¿y Sostenibilidad? EN EL DEBATE
1.- ANTECEDENTES
¿Qué está pasando? En los últimos 15 años, los conflictos sociales surgidos a causa de políticas poco claras para garantizar un desarrollo normal en las actividades extractivas, sobre todo mineras o petroleras, han generado “sismos” que han afectado seriamente la economía del país. Lo que es peor, han permitido desarrollarse desbordes sociales que no han podido ser encarados en su oportunidad, gestándose violencia y caos, que muchas veces ha concluido en pérdidas de vidas humanas.
Cuando la explotación minera se paraliza, como ha ocurrido recientemente en Las Bambas, en Apurímac, las exportaciones sufren una brusca frenada, la captación de divisas se encoge, las pérdidas se acumulan con la velocidad de la aguja de un surtidor de combustible y la economía de un país, como el nuestro, que necesita crecer a un ritmo sostenido, entra en crisis. Eso es lo que ha pasado estos últimos años. Más allá de una economía global en seria desaceleración, como condición exógena de nuestra pérdida de ritmo de crecimiento, no hemos podido, como Estado, generar mejores condiciones sociales para que proyectos extractivos estratégicos hayan concluido, mejorando la gestación de ingresos económicos a todo nivel.
Los reflectores, entonces, obligan a voltear la mirada hacia el Estado, para preguntarle cómo ha sido su relación con la empresa minera, cuando ésta puso en evidencia la situación de pobreza y fragilidad política de su entorno inmediato. Le preguntaríamos también por qué no se atendió a tiempo el reclamo de poblaciones que se sienten afectadas por los potenciales impactos de la intervención extractiva, quedando olvidadas por sus condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y, seguramente otra pregunta que cae de madura es, qué ha hecho la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) para evitar el desborde de las protestas sociales, sabiendo las condiciones a las que enfrenta la industria extractiva. Y me refiero, no solo al gobierno actual, sino a los tres últimos gobiernos que no fueron capaces de advertir e intervenir en estos contextos con eficacia.
Para entrar en algún caso en particular, tratando de analizar la situación desde lo específico a lo general, más allá de la acumulación de situaciones, ¿Cuál fue el detonante en la última crisis de Las Bambas? La trocha construida por los comuneros de la zona para trasladarse y sacar al mercado sus productos agrícolas fue convertida en vía regional para priorizar el paso de enormes volquetes cargados de minerales. ¿Se advirtió este riesgo en el análisis, sabiendo la acumulación de frustraciones por demoras o incumplimeintos? Los comuneros consideran indebida y abusiva la norma dada por el gobierno del presidente Ollanta Humala, ya que afirman que debieron ser consultados y/o beneficiados económicamente, por este cambio. Independientemente de los hechos y las percepciones, ¿se advirtió este proceso? Se sabe que por esta razón bloquearon la carretera y plantearon un pliego de 20 puntos. Pero esta era la gota de agua que faltaba para el desborde.
No solo exigen una indemnización por el uso de la vía y su retorno como trocha comunal sino una retribución económica similar a la que había recibido la población de Fuerabamba, donde entregaron a cada familia una casa moderna, dotada de todos los servicios básicos, además de (manifiestan) una camioneta del año y 200 mil soles en efectivo. Según algunos estimados, levantar la nueva ciudad de Fuerabamba demandó una inversión total de 400 millones de dólares. ¿No debimos haber advertido lo que se estaba gestando?
Es indudable que Fuerabamba era la comunidad directamente impactada, la cual tenía que ser reubicada sí o sí, pero las compensaciones y aportes que se daría a sus vecinos era abismalmente diferente. Se habría incrementado las asimetrías entre una y otra comunidad generando una distorsión social local que colisionaba con sus expectativas naturales e intereses colectivos. No hubo un trabajo previo para explicar a los poblados afectados por qué a unos más y por qué a otros menos. No hubo un análisis antropológico, por ejemplo para entender qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera intervenir los contextos locales inmediatos a Fuerabamba. ¿La empresa debió hacerlo, también? o ¿la ONDS debió considerar este riesgo en su mapa de análisis?
En opinión de un ex asesor de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, se llega a la crisis porque no se atendió a tiempo los reclamos de las comunidades. La acumulación era una advertencia y el tema de la carretera la razón que se necesitaba. Esto se veía venir y se estaba dilatando algo que tenía una latencia corrosiva a cualquier proceso de legitimación: se prometía, pero no se cumplía. Y, por otro lado, se intervenía con desorden, con escaso planeamiento y sin perspectivas cruzadas (antropológicas, sociopolíticas, económicas, comunicacionales, neurocientíficas, aproximaciones conceptuales necesarias de advertir en estos procesos)
Basado en su propia experiencia durante el tiempo que estuvo en la PCM, asegura que las comunidades de Las Bambas no confían en el gobierno porque los acuerdos tomados en las cuatro mesas de diálogo no fueron cumplidos por tres razones fundamentales: Falta de voluntad política, falta de soporte económico y falta de soporte técnico.
Hay un tema de fondo, preocupante. Nuestros entrevistados, vinculados a la ONDS señalan que esta oficina nació sin presupuesto, porque el Ministerio de Economía y Finanzas se opuso en dos oportunidades a que se le asignara un monto determinado, ya que los compromisos podrían ser asumidos con recursos de los ministerios involucrados. Pero no se hace así. Como afirmáramos en alguna oportunidad, este es un error de diseño.
Se estima, en este sentido, que, sin afectar los recursos de los ministerios, se le debería asignar a la ONDS un porcentaje del canon y sobrecanon minero, lo que le permitiría no solamente fortalecer su trabajo con la contratación de técnicos altamente calificados, sino cumplir algunos compromisos prioritarios asumidos en las mesas de diálogo, mientras los proyectos de gran envergadura son desarrollados por cada ministerio. Pero sin recursos económicos y técnicos a la altura de las expectativas y demandas sociales solo tenemos crisis y desborde inminentes.
¿Esos tres factores fundamentales (político, económico y técnico) siguen estando presentes? ¿Es necesario un acuerdo político y compromiso previo de Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio, para articularse en estos desafíos? ¿Lo han hecho? ¡O la campaña sigue estando digitando las acciones de legisladores y ejecutivo?
¿El presidente Pedro Pablo Kuczynski fue advertido del presente griego que le estaban dejando, cuando almorzó en casa con su antecesor?
Una comisión de alto nivel, liderada por el vicepresidente Martín Vizcarra (ya que la ONDS fue desbordada una vez más) viajó hasta Apurímac para instalar otra mesa de diálogo con las comunidades y logró una tregua de 45 días para elaborar un proyecto de desarrollo integral para la zona de Las Bambas. En efecto esto vence estos días.
En Palacio de Gobierno, tanto el jefe de Estado como el jefe de su gabinete, Fernando Zavala, se reunieron con los gobernadores regionales y los comprometieron a sumarse a los esfuerzos del gobierno para prevenir los conflictos sociales y apoyar el trabajo de la maltrecha Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.
Lo que cabría preguntarse, entonces, es ¿Quién da la primera señal amistosa?, o ¿Quién tira la primera piedra? ¿Las experiencias de Conga y Tía María no ayudan en nada a reforzar la idea de que, en este esfuerzo, soplan vientos a favor?
¿Los negociadores tendrán, por ejemplo, el poder suficiente como para ordenarle al sector Transportes: hagan esta carretera, o decirle al Ministerio de Vivienda: construyan 500 casas? ¿En qué términos están facultados los negociadores? ¿Es este un problema de negociación? ¿Qué hay con el diseño de una estrategia estructurada, orgánica y preventiva?
¿Pueden decirle al Ministerio de Energía y Minas: Hágase la luz y la luz será hecha, o previamente deben coordinar con los técnicos y los titulares de cada sector para ver si el compromiso que se asume puede ser cumplido y fijar la fecha para que todos sepan en qué plazo estará listo?
En el tira y afloja, los resultados dependen del poder con el que llega cada uno de los actores al proceso de negociación. La credibilidad inclina la balanza. Pero, ¿es solo un tema de tira y afloja?
Un importante asesor de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, admite que en este organismo se empezó con mucho entusiasmo pero que las cosas ya no son ni siquiera como antes.
“Había una Unidad de Gestión de Conflictos, una Unidad de Análisis e Investigación y una Unidad de Alerta Temprana. La Unidad de Alerta Temprana fue bajando de Intensidad y prácticamente desapareció. La Unidad de Análisis e Investigación se centró en la publicación de la Revista Willaqniki. La Unidad de Gestión de Conflictos tenía un coordinador, pero esa figura desapareció. Ahora todos los coordinadores macrorregionales, que son seis, reportan directamente al Jefe”, reconoce el funcionario.
Admite también que, por la falta de recursos asignados, “si se trata de hacer una carretera, y ese es el acuerdo, el Ministerio de Transportes debe decir si se hace este año, el próximo, dentro de cinco años…o nunca”.
El caso de Saramurillo, en Loreto, donde se han levantado algunas comunidades nativas, también concentra la atención del gobierno. Incluso hoy que se tiene una tregua, los problemas de fondo persisten. El problema empezó el 1 de setiembre. Las federaciones nativas quieren un proceso similar al que el gobierno anterior aplicó en las cuencas de Pastaza, Corrientes, Tigris y Marañón, para posibilitar la consulta previa del lote petrolero 192. Se generó una condición precaria para las estructuras sociales e institucionales desafiantes que tienen los ámbitos de las comunidades nativas de nuestro país. ¿Solo se atiende para solucionar las crisis?
Las condiciones que ponen son: Titulación de tierras, Solución a la contaminación ambiental, compensación e indemnización. Allí, los reclamos de las comunidades nativas se ven empañados por actos de sabotaje que contaminan los ríos y entrampan el proceso de negociación. Es allí donde se envió a un funcionario del gobierno poco equipado técnica y personalmente para resolver estos delicados desencuentros.
2.- MARCO LEGAL
(FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LA ONDS)
Mediante la promulgación del Decreto Supremo 106-2012-PCM, publicado el 25 de octubre de 2012 en el diario oficial El Peruano, el Gobierno creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, como Órgano Técnico Especializado dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
De acuerdo al texto de la citada norma legal, la ONDS es el organismo público encargado de dirigir el proceso de diálogo de los diferentes actores sociales, con el objeto de prevenir controversias y conflictos sociales.
¿Cuánto de esto cumple? ¿Por qué necesitamos de Vicepresidentes, ministros o un Premier para destrabar procesos críticos, si tenemos una oficina para ello? ¿Cuánta responsabilidad hay en el diseño de esta oficina mucho más que en los esforzados profesionales que la han dirigido y la dirigen? ¿Debemos seguir haciendo lo mismo para buscar resultados distintos? ¿Debemos mantener una estructura que está probadamente desarticulada de los desafíos institucionales que enfrentamos?
VER DECRETO SUPREMO 106-2012-PCM QUE CREA LA OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD COMO ÓRGANO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Sus objetivos fundamentales (así lo señala en su página web) son:
a) Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y al desarrollo del país, rescatando la relación Estado – Ciudadano.
b) Transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo, a partir de su prevención y gestión con políticas de diálogo y desarrollo sostenible.
El decreto supremo les fija 10 funciones específicas, una suerte de 10 mandamientos que deben ser cumplidos rigurosamente.
Proponer lineamientos y estrategias de diálogo, mediación y negociación para la prevención, gestión y solución de controversias y conflictos sociales en el ámbito de sus competencias.
Participar en la mediación y negociación de controversias, diferencias y conflictos sociales para los que sea requerido por los sectores e instancias de gobierno.
Promover una cultura de paz, de promoción y respeto a los derechos humanos y demás valores democráticos, a través del diálogo para la sostenibilidad y la defensa del estado de derecho.
Implementar con los diversos niveles de gobierno los mecanismos de alerta temprana y prevención de controversias, diferencias y conflictos con el propósito de promover el diálogo como mecanismo de solución, dentro de un marco de coordinación, participación y respeto de competencias.
Coordinar con todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales y Locales, la debida atención del proceso de diálogo, mediación y negociación la solución de controversias y conflictos sociales.
Articular con los diferentes sectores de gobierno estrategias de comunicación destinadas a la prevención de conflictos sociales.
Requerir a todas las entidades públicas información en materia de conflictos sociales en el ámbito de su competencia, para la sistematización y análisis.
Desarrollar y difundir metodologías para la prevención y mejor gestión de las controversias, diferencias y conflictos sociales.
Contribuir a la generación de capacidades de diálogo, mediación y negociación, para la prevención y gestión de las controversias, diferencias y conflictos sociales.
Promover y realizar investigaciones y estudios para la promoción del diálogo y la prevención y gestión de controversias, diferencias y conflictos sociales, pudiendo convocar a grupos de expertos en la materia.
VER ENFOQUE REALIZADO POR LA ONDS PUBLICADO EN SU PÁGINA WEB http://onds.pcm.gob.pe/estrategias-de-intervencion/
En el marco de estas Reglas de Oro, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad está obligada a plantear Nuevas Políticas de la Relación Empresas – Comunidades, en el entendido de que “una condición para la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible e incluyente del país es crear un clima adecuado para las inversiones, garantizando la protección de los derechos ciudadanos”.
Bajo las mismas premisas, la ONDS debe plantear también Nuevas Políticas de la Relación Estado – Empresas, en el convencimiento de que “el fortalecimiento de las capacidades del Estado para desarrollar intervenciones que reduzcan o controlen eficazmente la conflictividad, es necesario para consolidar su imagen como instancia capaz de arbitrar y procesar los conflictos”.
En otras palabras: del trabajo que pueda realizar la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad dependerá que las poblaciones asentadas cerca a los más importantes yacimientos mineros, gasíferos o petroleros, por poner algunos ejemplos, confíen en las empresas mineras y de hidrocarburos, así como en el Estado, y que las empresas extractivas crean y confíen en el Estado y en la buena voluntad de las poblaciones.
2.1.- MARCO LEGAL
(DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA ONDS)
Aunque en la teoría y en el texto del decreto supremo que la crea como un Órgano Técnico Especializado de la Presidencia del Consejo de Ministros, se señala claramente que es el interlocutor válido del gobierno en la solución de los conflictos sociales, en la práctica este empoderamiento no surte ningún efecto, fundamentalmente por su diseño y por la falta de voluntad política del gobierno de turno, al no bridarle mayores facultades y mejores herramientas metodológicas.
Primero. El decreto supremo 106-2012-PCM que modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM, no considera ningún presupuesto para la ONDS, porque el Ministerio de Economía se opuso.
Segundo. Se planteó que la PCM debería tener un fondo para atender los compromisos de la ONDS, y el MEF volvió a oponerse a pesar de que con ello no se quitaba facultades a ningún ministerio.
Tercero. Debido a ello las 4 mesas de diálogo instaladas en Apurímac fracasaron porque no se cumplieron los acuerdos. Con ello se ahondó la desconfianza.
Cuarto. La estructura orgánica tiene deficiencias. Solo se tiene seis comisionados repartidos por macrorregiones, con escasos recursos económicos. En el Sur hay dos: Una cubre Arequipa, Moquegua y Tacna, y la otra Apurímac, Cusco y Madre de Dios. La macrorregión Norte comprende Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Lima y Callao son una sola macroregión. La macroregión Amazonía incluye Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín y selva central.
Quinto. Hasta julio de 2016 se practicó un mecanismo de coordinación con todos los ministerios, a través de una reunión quincenal en la que se exponían los principales problemas. Algunos de ellos no solo no estaban en el radar de ministerios sensibles a ellos, sino que encontraban seria oposición.
Sexto. En muchos casos, el Alto Comisionado establecía una agenda y una metodología, pero el celo al interior de algunos ministerios o el protagonismo imperante en el Estado, como el de Energía y Minas, principalmente, hacían fracasar cada intento.
Sétimo. En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM no existe un organigrama interno de la ONDS. Lo único que existe es la figura de una oficina y un jefe al que en los tiempos de Vladimiro Huároc se denominaba Alto Comisionado.
Octavo. Al no existir un ROF, algunos empleados trabajan bajo la modalidad denominada CAS (contratos que se renuevan periódicamente), otros por contratos a través de Naciones Unidas y algunos por contratos FAG, con apoyo gerencial.
Noveno. En la pequeña oficina entregada a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, trabajan, casi apiñadas, poco más de cinco personas que hacen sus mejores esfuerzos para cumplir con la tarea encomendada, pero que en cada paso encuentran obstáculos casi insalvables.
Décimo. Cuando nació, la ONDS tenía 3 Unidades que era su columna vertebral. La Unidad de Alerta Temprana prácticamente ya desapareció. La Unidad de Investigación y Análisis se limita a la publicación de la revista Willaqniki, en la que se hace un austero y esforzado seguimiento a los conflictos sociales más notorios. La Unidad de Gestión de Conflictos sobrevive (con las manos atadas y los ojos vendados).
Décimo primero. Si la población exige la construcción de un hospital, de una escuela o de una carretera, los negociadores del gobierno no pueden comprometerse a nada si antes no se han pronunciado los técnicos de los ministerios de Salud, Educación o Transportes.
Décimo segundo. Tanto el gobierno del ex presidente Ollanta Humala como el del presidente Kuczynski, han apelado a la estrategia de sus antecesores. Lejos de empoderar a los funcionarios de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y ordenar que los compromisos asumidos en las mesas de negociación sean vinculantes y de acatamiento obligatorio por todos los sectores involucrados, ceden ante las presiones y envían comisionados del más alto nivel. En esta lógica y estructura la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio más. Los demás sectores son sus pares, y por tanto no están sometidos a mandato imperativo.
3.- CONCLUSIONES
La experiencia de los últimos años nos muestra, de manera inobjetable, una realidad cruda y cruel, por decirlo de alguna manera.
El Decreto Supremo No. 106-2012-PCM, que modificó el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM para incorporar a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad como uno de los tres Órganos Técnicos Especializados, junto a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial y a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático, solo es un compendio de buenas intenciones y nulas acciones.
En el lenguaje político, el nacimiento de la ONDS podría ser calificado como un bonito saludo a la bandera o una fiesta con bombardas, serpentinas y mucho humo (¿o humor?) negro.
En una entrevista concedida a Canal N, el pasado 31 de octubre de este año, el ex Alto Comisionado de la ONDS, Vladimiro Huaroc, fue claro y directo en sus apreciaciones.
En su opinión, “la población tiene demandas postergadas desde hace muchos años, y hay un descuido de años del Estado para atenderlas. Lo que tenemos hoy en Las Bambas es resultado de una crisis que no se ha sabido manejar no solo en los dos o tres últimos meses sino en muchos años”.
Para el también ex gobernador regional de Junín, “aquí lo que hace falta es pensar como peruanos, porque un conflicto de este tipo, que tiene que ver con un importante recurso económico, golpea el desarrollo, pone en riesgo la gobernabilidad y coloca en una situación muy difícil a la democracia”, por lo que se hace urgente y necesario corregir los errores y aprender la lección.
“Creo que los gobiernos, no solo el actual, tenemos que aprender a tener una atención muy especializada para estos temas. Atender los conflictos no es un tema para cualquier burócrata. La burocracia no puede manejar conflictos. Se necesita equipos especializados. Muy hábiles. Con experiencia y conocimiento para poder diferenciar cuál es el interés político y cuál es el interés legítimo que tiene que atender el Estado. Y sobre todo, cuál es la oportunidad de actuar. Ahí está el arte que debemos desarrollar, como Estado y Sociedad. De lo contrario vamos a estar permanentemente en crisis”, recomienda.
Vladimiro Huároc sostiene que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad debe ser fortalecida y empoderada, porque es el Estado el que tiene que responder a las reiteradas demandas de la población.
“En mi opinión, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad debe tener todo el respaldo político, porque el Estado es la autoridad para coordinar, para atender las demandas de agua, saneamiento, educación, salud. La principal responsabilidad no es de las empresas”, remarca.
Y agrega: “Lo que hemos aprendido en 15 años de conflictividad debe servir de algo. Hay lecciones muy valiosas. Lo primero que tenemos que hacer es que desde el momento que empieza un proyecto se tiene preparar un plan de desarrollo integral para esa zona. El Estado tiene que ser un actor principal y no un actor ausente, como ocurre ahora”. El proyecto Las Bambas, que estamos usando como ejemplo para este artículo, se inició el 2004; ya desde esos años se evidenciaban las necesidades de desarrollo integral de estas zonas
Desde su óptica, “si no tenemos una lectura correcta podemos cometer errores y negociar con personas que no son representativas. Por eso necesitamos tender una función mucho más fina, más especializada, desde el Estado, como el principal facilitador, que permitan tomar decisiones y asumir compromisos que se cumplirá en plazos fijados de antemano.
4.- RECOMENDACIONES
A la luz de las experiencias recogidas de tres gobiernos anteriores, y lo que va del actual, se puede concluir que los conflictos sociales seguirán siendo un freno al crecimiento de nuestra economía si no se da un viraje brusco en el timón del Estado y se llega a consensos entre los Poderes, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. El primer paso ya fue dado durante el último proceso electoral. Tanto Fuerza Popular como Peruanos por el Kambio se habrían pronunciado a favor de un apoyo efectivo a la ONDS.
Las propuestas recogidas y planteadas son las siguientes:
A nivel estructural
La ONDS de la PCM no cuenta con una estructura orgánica estable, ni mucho menos, vinculada al proceso de toma de decisiones de inversión pública sectorial. Esta debilidad de diseño no la aproxima, sino más bien la aleja de una legitimidad de origen que necesita para ser atendida y creíble, ante sus interlocutores.
A nivel estratégico
La ONDS de la PCM no es capaz de diseñar una propuesta estratégica preventiva de los conflictos sociales, ni de intervención inmediata porque su organización no está apropiadamente diseñada para estos procesos. Su sistema de alerta temprana está desactivado. Sus operadores regionales son inexistentes o están bajo dependencia de otros órganos gubernamentales que tienen intereses y roles locales con demandas políticas propias.
A nivel táctico
La ONDS de la PCM solo interviene en procesos de negociación, debido a que sigue siendo un órgano que, operativamente, no tiene mayores competencias ni facultades. Interviene en procesos desbordados y no se escucha su llamado de atención
Sabiendo que el problema de los conflictos sociales incorpora distintas lógicas de intervención de mayor profundidad a las que se evidencian, su estructura y organización refiere desafíos urgentes que PCM debe acotar a la brevedad. ¿Nuevo replanteamiento de esta Oficina?
Entonces a nivel operativo se requieren algunas acciones como éstas
Voluntad Política. Normas legales claras y eficaces para gestionar mejor los conflictos sociales desde el comienzo y evitar los desbordes.
Dotar a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad del presupuesto necesario, para contratar a un equipo altamente especializado, el cual debe movilizarse por todo el país y atender las demandas más urgentes de las poblaciones.
Empoderamiento de la ONDS, para que pueda negociar y suscribir, a nombre del Ejecutivo, compromisos que serán cumplidos en plazos fijados claramente de antemano, antes del desborde.
Establecer, por los mecanismos legales y constitucionales que sean necesarios, que los compromisos asumidos por los negociadores del Estado en los conflictos sociales tendrán carácter de cumplimiento prioritario y obligatorio para todos los ministerios y entidades del Estado involucradas en cada tema.
Poner en la agenda del Congreso, con carácter de prioritario, algún proyecto de ley que le otorgue mayor autonomía a la ONDS; así como una estructura acorde a las necesidades de intervención preventiva.
Asignar, mediante una ley, un porcentaje del canon y sobrecanon minero a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, para ganar garantizar un eficaz soporte económico y técnico a sus actividades.
Coordinar con los otros Poderes del Estado, fundamentalmente con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para identificar y sancionar drásticamente a quienes, por intereses políticos o económicos induzcan a la población a medidas violentistas, dañando gravemente la economía y poniendo en riesgo la gobernabilidad y la democracia.
Restablecer la figura de Alto Comisionado para el Jefe de esta Oficina, y repotenciar las Unidades de Gestión de Conflictos, Alerta Temprana e Investigación y Análisis.
Nombrar un equipo de especialistas del más alto nivel para la redacción del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.
Ambientes amplios y adecuados, así como autonomía para trabajar en beneficio del país sin la presión de intereses políticos subalternos.
Lo cierto es que no podemos seguir como estamos. Más de lo mismo expone al país a serios riesgos de violencia y mayores atrasos en nuestro crecimiento.
Catalyst Social Management
