COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
El desafío de los gobiernos locales y regionales
en los contextos extractivos
¿Cómo debe involucrarse el sector extractivo en este entorno? ¿Qué tipo de actividades debe desarrollar? ¿Debe participar y comprometerse o solo subvencionar y asistir? ¿Cuál debe ser el nuevo rol del sector extractivo en estas dinámicas de planeamiento estratégico por la competitividad regional? ¿Seguimos haciendo lo mismo, a través de proyectos de inversión social y alianzas público - privadas, muchas veces desarticuladas de un plan mayor, o nos desafiamos en planos de prospectiva?
Generalidades a considerar
Existen una serie de componentes interdependientes que intervienen alrededor de un proceso de competitividad territorial regional. Y, en espacios dinamizados por la presencia de industrias extractivas, estos componentes tienen mucha influencia del diseño organizacional y políticas tanto del sector público (gobiernos locales y regionales) como del sector privado (empresas mineras o petroleras)
Algo que debemos tener claro como axioma de origen, para este artículo, es que los objetivos de desarrollo de una empresa y los de un territorio en particular, no son los mismos. Mientras la empresa persigue su crecimiento sostenido, en el marco de rentabilidad, eficiencia y productividad, por ejemplo; la gestión del territorio aspira, entre otros temas, a proveer bienestar y calidad de vida a sus pobladores. Sin embargo, la perspectiva de la competitividad sí los puede congregar en un mismo propósito. Claro está, siempre y cuando exista voluntad de las partes.
El desafío de esta aproximación va en esa dirección. Pretendemos plantear una construcción conjunta, contextualizada, para que estos objetivos institucionales (empresa y gobierno local – regional) se encuentren y/o se complementen, más allá de la alternancia de sucesos y actores que lo dirigen, en un momento dado. Recuérdese que no ha sido un buen negocio mantenerse alejado de un involucramiento real.
Pero esta iniciativa de congregar objetivos institucionales con estructuras y misiones distintas, en contextos variados y políticamente dinámicos, requiere un esquema de diseño altamente colaborativo. Más aún, será muy peculiar para cada una de las empresas extractivas instaladas en nuestro variopinto territorio nacional. Nunca será lo mismo para los distintos contextos rurales andinos o selváticos diversos
La complejidad del territorio donde opera Antamina, por ejemplo, frente a las vicisitudes y aspiraciones de las geografías donde operan Barrick o Yanacocha distan en estructuras organizacionales y configuración geopolítica, para abordar dos temáticas sustanciales. Sin embargo, también difieren en el aspecto de las capacidades estratégicas, técnicas y operativas de quienes definen el norte y la orientación operativa del futuro de cada Región. El dilema de las competencias vuelve a tomar vigor en esta circunstancia.
¿Cómo debe involucrarse el sector extractivo en este entorno? ¿Qué tipo de actividades debe desarrollar? ¿Debe participar y comprometerse o solo subvencionar y asistir? ¿Cuál debe ser el nuevo rol del sector extractivo en estas dinámicas de planeamiento estratégico por la competitividad regional? ¿Seguimos haciendo lo mismo, a través de proyectos de inversión social y alianzas público - privadas, muchas veces desarticuladas de un plan mayor, o nos desafiamos en planos de prospectiva?
Análisis e historia
Lecciones poco aprendidas
Hace algunos días leí un interesante artículo de Liseth Manrique sobre los desafíos y alarmantes omisiones que está teniendo el nuevo distrito de Megantoni, en el Bajo Urubamba, donde opera el proyecto Camisea. Con alrededor de 265 millones de soles de presupuesto anual, este distrito es uno de los más ricos del país. Sin embargo, su abordaje para la gestión del gasto público nos hace avizorar un potencial despilfarro y eventuales procesos de corrupción. Como lo ha sido Echarate en Cuzco, en su momento; San Marcos, en Ancash, Ilabaya en Tacna o La Encañada en Cajamarca.
Para sus casi 12 mil habitantes, el proceso de inversión social no está teniendo el planeamiento debido, ni la identificación prioritaria de programas y proyectos estratégicos, diseñados en prospectiva. No existe ni el más mínimo interés por un acompañamiento técnico en el planeamiento por parte de ninguna empresa que opera en este entorno, por ejemplo. Recuérdese que aquí también operan Repsol y CNPC.
¿Qué puede y debe hacer, en este contexto el proyecto Camisea y su operador Pluspetrol Perú Corporation, por ejemplo? ¿Debe seguir observando, sin advertir que es lo que está pasando y qué es lo que podría suceder si se sigue trabajando y ejecutando proyectos de esa manera? ¿Cuál debería ser un mejor rol social de esta empresa en este contexto? ¿No sería acaso, interesante constituir un grupo gestor corporativo que ayude y apoye en una eficiente y estratégica gestión pública de estos recursos? ¿Por qué ese alejamiento y desidia?
Recuérdese que aquí se instalan una serie de comunidades nativas con preocupantes signos de pobreza y pobreza extrema como Segakiato, Shivankoreni o los asentamientos humanos de Montetoni y Manankeato, en la Reserva Territorial adyacente. Recuérdese también que ya se tiene más de 14 años de presencia activa de importantes operadores extractivos en este territorio y poco o nada se ha hecho en la perspectiva de la mejora de calidad de vida de estas familias. Las oportunidades, entonces, abundan.
La historia no nos ayuda
Está probado que ningún gobierno local ni regional, durante los casi 20 años de importantes recursos económicos, producto del canon y regalías minera y gasífera, en nuestro país, ha podido enfrentar un proceso de competitividad territorial que marque las diferencias. No se ha podido potenciar los importantes recursos económicos como efecto de la intervención de la industria extractiva, durante este periodo favorablemente económico, para nuestro país.
De no hacer un importante cambio radical en esta temática (pública y privada), se logrará más de lo mismo. Veremos pasar, nuevamente, años de bonanza económica sin poder “subirnos al tren” de las oportunidades y mejora de calidad de vida de las familias pobres de estos territorios que están intervenidos por importantes empresas extractivas. Y ello, por su puesto, siembra contingencias políticas y sociales peligrosas para la ciudadanía y muy costosas para los intereses del sector extractivo. Cuidado que también afecta el negocio de este importante sector extractivo.
Es importante, reflexionar, en este escenario, los intentos y apuestas que se desarrollaron desde el sector público con la participación del sector privado. ¿Qué lecciones se tienen del Aporte Voluntario y los Consejos de Coordinación Local y Regional, durante el gobierno de Alan García? ¿Cómo cambió el modelo con el nuevo gravamen minero del gobierno de Ollanta Humala? ¿Qué expectativas se tiene con los avances y retrocesos del Adelanto Social? (ver artículo anterior) http://catalystsocial.wixsite.com/catalyst/single-post/2017/04/17/Los-cuestionamientos-al-adelanto-social-como-opci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-%C3%BAnica
Lo institucional al centro
Estas diferenciaciones, mencionadas en los párrafos anteriores, se agudizan en la medida que la diversidad, distinciones, vocación y potencialidades difieren de un territorio específico a otro. Siendo así que la promoción de la competitividad territorial de la Zona de los Conchucos es muy distinta a la que se tiene en la cuenca del Challhuahuacho, en Apurímac o la que se busque en la cuenca del Bajo Urubamba, en Cuzco.
La precariedad institucional a nivel gubernamental ha dejado mucho que desear estos últimos años. Por ejemplo, el distrito de Challhuahuacho (Beneficiario del Adelanto Social) ha visto casi cuadriplicar su población en los últimos 10 años, sin haber diseñado un plan de intervención al respecto. ¿Cuánta responsabilidad tiene MMG Las Bambas, en este aspecto? Lo mismo podría ocurrir los próximos 5 años con el nuevo distrito del Megantoni en Cuzco ¿Qué está haciendo el Consorcio Camisea en este escenario? En ambos casos tenemos estos dos operadores extractivos muy cerca pero poco involucrados en estos procesos. Aquí, entonces, el desafío de una nueva institucionalidad es un fin en sí mismo.
Es así que reafirmamos nuestra idea de que una de las dimensiones de mayor importancia para los procesos de planificación de desarrollo en los distritos y provincias de nuestros contextos extractivos está vinculado a la correcta identificación de las distinciones, desafíos propios y desigualdades territoriales de cada contexto. Aquí cada gobierno local y regional, acompañado de la empresa más importante tendrá una propia visión y una estrategia distinta (pero complementaria a un plan de articulación mucho mayor) hacia la búsqueda de su competitividad. ¿Se viene diseñando algo al respecto, desde el Minem? ¿Proinversión lo ha puesto en su esquema de diseño para nuevos proyectos?
La pobreza como condición
El tema recurrente y casi omnipresente en todos los contextos extractivos es la pobreza y pobreza extrema que existe en estos territorios. Los casi 20 años de presencia activa de diferentes operadores extractivos en diversos territorios no ha podido generar una dinámica de desarrollo sostenible. Ello se ha dado por múltiples factores, ajenos a la responsabilidad directa, es cierto, de la empresa minera o petrolera. Sin embargo, no podemos negar que la involucra por cierta omisión o desinterés en el proceso de desarrollo local. Ha existido y existe una ausencia de planeamiento estratégico integral y visionario, de mediano plazo, que ha impedido este despegue territorial.
Esta ausencia conceptual y metodológica del desarrollo territorial conspira contra un abordaje cabal de ejes estratégicos como competitividad e institucionalidad. Nuestros gobiernos, entonces, no han podido desarrollar, hasta la fecha, un esquema apropiado que coloque la competitividad territorial y la institucionalidad en un nivel supremo del planeamiento estratégico. Las empresas tampoco lo han advertido. Al no estar obligadas, no se involucran en ello. ¿Debería, acaso, pensarse en una regulación concertada al respecto? Modelos en el mundo entero, sobre este involucramiento público – privado, abundan. Si se revisara los alcances del B-BEE de Sudáfrica, por ejemplo, y su debida contextualización, tal vez nos presente ideas creativas e innovadoras para implementar en nuestro país.
La recurrencia de esta preocupante realidad y las agudas brechas entre los distintos territorios que conforman las actividades de casi todos los operadores extractivos, constituyen un gran problema y una oportunidad, también, para la legitimación sostenible de una empresa extractiva. Mírese también que existe una continua emergencia de actores sociales y políticos poco integrados, realmente, en la dinámica del desarrollo local. Ello es un asunto también clave que debe incorporarse en el proceso de planeamiento.
Los Lineamientos propuestos
Nos atrevemos a recomendar algunos lineamientos de intervención. Podrían haber muchos más. Sin embargo, el propósito de esta propuesta es iniciar una reflexión seria y responsable, tanto del gobierno como de la SNMPE y SPH.
Diseño de un proyecto regional
Es la base del proceso. Sin un proyecto regional, no existe norte ni perspectiva. Los actores no tendrán una hoja de ruta. Su proceso debe ser construido en un white paper para luego ser dinamizado en un proceso consultivo a todo nivel. Las empresas y la ciudadanía deben ser parte fundamental de esta construcción conjunta
Políticas públicas promotoras
La recurrencia de una mirada restrictiva o proteccionista no nos llevará a un espacio de discusión positiva. Las políticas públicas deben centrase en las fortalezas y a partir de allí, con ayuda del white paper discutido, emitir procedimiento, ordenanzas y decretos que ayuden y promuevan la inversión responsable y sostenible.
Gestión eficiente de recursos propios
Estas regiones poseen los más importantes recursos económicos de nuestra historia republicana. No utilizarlos mejor es una pérdida de oportunidad irreemplazable. Un equipo de gestión que diseñe y ejecute proyectos con celeridad y apremio. Los gobiernos locales y regionales deben buscar la presencia activa de la empresa privada en este espacio de decisión.
Funcionamiento eficiente del espacio territorial
Los enfoques de corredores económicos, diversificación productiva, gestión integral de cuencas hidrográficas y promoción de las industrias extractivas, por ejemplo, deben sintonizarse con la historia, vocación y potencialidad productiva de cada territorio. Lo que hemos visto es un desconocimiento absoluto de este abordaje. El eje de servicios se debe acomodar en esta dinámica. ¿Estará la nueva División de Sostenibilidad del MINEM a la altura de este desafío?
Articulación de los sistemas de comunicación e innovación
Las vías de integración y las tecnologías de información y comunicación necesitan ser el denominador común de los programas de inversión social. Muchos recursos se pueden optimizar en este espacio de intervención. Dependerá de la creatividad e innovación continua del equipo gestor para identificar los gaps emergentes en estos aspectos. Hay muchos issues que lo están solucionando la transformación digital y la inteligencia artificial.
Agentes económicos interdependientes
La creación de un Grupo Gestor Corporativo que lidere la dinámica del planeamiento de inversión y su articulación a las políticas públicas. La ciudadanía debe ser parte activa de este ejercicio, con la finalidad de recibir aporte y evitar suspicacias. Un equipo gestor de estas dimensiones estará siempre atento a promover y recomendar para generar crecimiento económico y sostenibilidad.
Promoción de alta calidad de competencias profesionales
La gestión del talento, también es un aspecto central. No existe mayor omisión en un proceso de planeamiento que descuidar las competencias de las personas a cargo de estos procesos. Más aún, el diseño de un devenir histórico que promueva nuevos talentos en la localidad es mucho más que necesario para la competitividad y sostenibilidad.
Eficacia y transparencia de instituciones
La integridad debe ser cuidada a todo nivel. Ya hemos tenido muchos descuidos en estos aspectos. Con un sistema de trasparencia y vigilancia continua, a través de reales reportes periódicos, se minimiza la tentación hacia la corrupción. Sin embargo, ello debe estar acompañado de fuerte e implacable mecanismo de sanción pública a corruptos e inmorales que contaminen un proceso propositivo y de buena voluntad.
Lo cierto es que el sector extractivo es vital para el crecimiento económico y la generación de bienestar social en regiones mineras y petroleras. Se hace imprescidible gestar, entonces, un nuevo esquema de competitividad regional de los entornos donde existen operaciones mineras, petroleras y gasíferas. Debido a su condición de no renovable, es imprescindible que el Estado replantee su modelo de regulación concertada; y el sector privado entre de lleno en esquemas mayores de involucramiento público. La inversión social y las alianzas público - privadas no han podido demostrar resultados sostenibles. Y créanlo, es un buen negocio. No se tendría que aportar más recursos económicos de lo que ya se hace. Solo se ordenaría la casa y se gestaría propuestas con prospectiva para el desarrollo de muchos más legítimos negocios con sostenibilidad.
