Michiquillay y las precariedades de un acuerdo sobrevalorado

Foto: Diario Gestión

Michiquillay es el único proyecto minero que el actual gobierno pretende sacar a la luz para promover su posterior desarrollo. Después de los fracasos de Chincheros, los desaciertos en las Bambas y la ausencia de una estrategia orgánica, el gobierno no ha tenido mucho que aportar, sensiblemente, este año. De la mano a ello, PROINVERSION y el Viceministerio de Minas han seguido manteniendo su extravío en el laberinto de la carencia técnica y poca destreza política.

Para capitalizar sus avances, ocultando el escándalo de sus desaciertos, se trata ahora de seguir con una licitación que, a todas luces, le pasará la posta de su precaria solidez a un operador nuevo (de existir ofertas serias), despistado y posiblemente con alto potencial de convertirse en un actor institucional deslegitimado de las propias comunidades de Michiquillay y La Encañada.

Manifestamos esto, debido a la evidencia de las precariedades de un acuerdo sobrevalorado. No existe tal acuerdo, cuando tienes, dentro de la misma comunidad, sectores que no han suscrito la conveniencia de su desarrollo, de manera generalizada. Más aún, no existe tal acuerdo, cuando tienes en las comunidades vecinas y organizaciones sociales presentes, una disposición manifiesta a oponerse por diversos motivos. Nunca, en comunidades campesinas, debes empujar con apuro, ni mucho menos presionar con atrevimiento. Ello es temerario. Ello resultará muy peligroso si el día de mañana tenemos un nuevo operador que se haga cargo de este proyecto.

Lo único que habrá hecho, este gobierno, para con este proyecto, es “soplarle la pluma” del riesgo sociopolítico a la empresa que gane ( nuevamente, si existieran algunas empresas que apliquen) para exponer a una inminente inviabilidad este importante proyecto minero que tanto necesitan las comunidades campesinas propietarias del terreno superficial, Cajamarca y el país entero.